Ante la inminente puesta en servicio de la Línea 2 del tranvía (TRAM) entre Alicante y San Vicente, desde la Plataforma “ALICANTE POR UN TRAM PÚBLICO” (A.T.P.), queremos manifestar nuestro más rotundo rechazo a la pretensión del actual gobierno de la Generalitat de privatizar su gestión.
Pretender que una empresa privada haga de intermediario entre la ciudadanía y la Administración para gestionar y explotar un servicio público esencial para la comunidad como la Línea 2 del tranvía, es una hipoteca que la sociedad alicantina pagará muy cara.
Ya existen precedentes de privatización de ferrocarriles en otros países. Basta recordar el modelo inglés y sus nefastas consecuencias: desaparición de servicios, aumento del gasto público, subida de tarifas, destrucción y precarización del empleo, aumento de la inseguridad y la siniestrabilidad.
En Alicante no queremos sufrir esta experiencia:
No se puede jugar con la seguridad de un servicio que transporta miles de personas permitiendo que circulen trenes de diferentes empresas por una misma vía, que en algunos tramos discurre soterrada a más de 20 metros de profundidad.
En un servicio público esencial como el TRAM, la rentabilidad social debe estar por encima de los intereses económicos de una empresa privada: el tranvía debe ser accesible a toda la población y ofrecer la misma calidad en el servicio, independientemente del barrio o de la renta de sus usuarios.
Un derecho tan importante para la ciudadanía como el acceso a un empleo digno y estable, en condiciones de igualdad, se vería recortado con una empresa privada en el TRAM: contrataciones a dedo y empleo precario.
En Alicante existe una empresa pública, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que actualmente esta explotando las líneas del TRAM, que desde hace más de 20 años presta un servicio de transporte ferroviario. Ésta sí es una garantía de futuro para la sociedad.
Está en juego un derecho esencial: la movilidad sostenible.
Por una red del TRAM pública, gestionada y explotada por F.G.V.
En contra del negocio privado a costa de los intereses públicos.
Alicante, 29 de mayo de 2009.
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